Sobre las reformas constitucionales

Ramón Parellada
Por fin se conoce el proyecto de Reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala que el Ejecutivo ha circulado para que los analicemos. En este y otros artículos comentaré sobre el mismo. Hoy me limitaré a hacer algunos comentarios generales. La propuesta se divide en cuatro partes: fortalecimiento de la justicia y seguridad, fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del sistema político y fortalecimiento del sistema fiscal y financiero. En primer lugar, veo una propuesta con graves errores. Digo errores, porque considero que hay buena intención atrás de las propuestas. Sin embargo, estos errores son de tal magnitud que pueden llevar a Guatemala a un caos total. Con una omisión de una palabra en un artículo, éste puede interpretarse de una forma contraria a la intención y tener un significado adverso a lo que se pretendía lograr. Para muestra un botón. El artículo 125 se titula Explotación de los recursos naturales no renovables. Sin embargo, en el contenido que se cambió, se lee que el “Estado tendrá siempre el derecho de adquirir hasta el cuarenta por ciento de las empresas explotadoras de recursos naturales, existentes o en las que por aumento de capital o circunstancia análoga, se disminuya su participación”. El punto que quiero resaltar es que todas las empresas de Guatemala explotan recursos naturales; por lo tanto, todas las empresas son sujetas a ser expropiadas legalmente hasta en un 40% por parte del Estado. Si lo que pretendían era que fueran los recursos naturales no renovables, a alguien se le olvidó colocar el “no renovable” en este artículo. Ahora bien, aun si tuviera esta distinción, ¿a cuenta de qué el Estado tendrá “siempre” el derecho a expropiar hasta el 40% de estas empresas? No solo no cumple con su función primordial de justicia y seguridad y de garantizar los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad, sino que ahora viola el derecho de propiedad contradiciendo uno de los derechos individuales más importantes para lograr el progreso económico. Esto generará una estampida de inversiones del país hacia el extranjero. En segundo lugar, esta propuesta terminará siendo modificada y al final, con influencia de los políticos de turno y las negociaciones de políticos partidistas terminará saliendo otra cosa muy diferente de la que tenemos ahora en nuestras manos. De hecho, solo con ver los errores que trae esta propuesta se nota que deberá revisarse nuevamente su redacción. En tercer lugar, en vez de mejorar el sistema de justicia y fortalecer la separación de poderes, así como lograr una mayor despolitización de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de jueces y de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se hace lo contrario dándole una enorme injerencia al Ejecutivo a la hora de elegirlos y lo mismo a la Universidad de San Carlos, que estará en todas las comisiones con un poder mayor al que tenía antes. Pareciera que la propuesta es una copia modificada de la propuesta de cambio constitucional hecha por la Usac, URL y Asíes en donde a mi juicio no resuelven el problema de fondo sino que es superficial. De hecho, ¿por qué titubear para elegir vitaliciamente y por sorteo a los jueces y magistrados tal y como propone ProReforma (www.proreforma.org.gt)? La razón de elegirlos de por vida es disminuir las presiones políticas, aunque nunca se pueda garantizar absolutamente esta influencia. ProReforma hizo un excelente trabajo para disminuir los peligros de una politización en la elección de jueces y magistrados y garantizar una verdadera separación de poderes. La propuesta del Ejecutivo está politizada. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 28 de junio 2012