Dictadura constitucional

Marta Yolanda Díaz Duran
Después de leer y analizar detenidamente el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, conocido popularmente como el paquetazo constitucional, presentado por Otto Pérez Molina, presidente del Organismo Ejecutivo, y sus asesores, puedo asegurar que el fin último del mismo es fortalecer el sistema presidencialista y casi desaparecer las pocas instituciones republicanas de nuestro actual sistema de normas. Además de intentar, de nuevo, formalizar las fracasadas reformas acordadas por los firmantes de los mal llamados acuerdos de paz de 1996, las que fueron rechazadas en la Consulta Popular de 1999. Uno de los mejores cuestionamientos que he leído a las intenciones del todavía MANDATARIO, es el hecho por el dirigente sindical Victoriano Zacarías, el cual fue publicado en el diario Prensa Libre del pasado 28 de junio: “¿Qué beneficio tenemos los trabajadores y ciudadanos? ¿Se va a terminar la delincuencia, el alto costo de la vida, el desempleo? ¿Habrá agua en algunas colonias donde pasan más de 8 días y no hay? Es lo que nos van a preguntar los compañeros”. Y son las preguntas básicas que debemos hacernos todos los todavía MANDANTES. Hago énfasis en la calidad de mandatario del Presidente (en buen chapín, el primer mandadero de la nación), y la facultad de mandante del ciudadano (el que manda al mandadero) porque en la parte del llamado “Fortalecimiento del sistema político”, incluyen una modificación al artículo 182, la cual deja de reconocer que el Presidente del Organismo Ejecutivo ejerce sus funciones por mandato del pueblo y lo convierte en Jefe de Estado y Jefe del Organismo Ejecutivo, cual émulo de Hugo Chávez y todo aspirante a dictador. Para rematar la intención de los ponentes de convertir al Presidente del Organismo Ejecutivo en soberano de la nación, incluyen cambios a varios artículos que van desde transformar en un monstruo de dos cabezas al Organismo Judicial (que al final dependerían del Ejecutivo) hasta eliminar el derecho de los ciudadanos a decidir bajo qué normas vamos a vivir, tal y como queda expresado en la modificación al artículo 279: “Para cualquier reforma constitucional se deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”. Eliminan la consulta popular. Le quitan el poder de decisión al mandante: al ciudadano, al pueblo. Y las anteriores reflexiones son apenas las primeras que comparto con ustedes. Hoy quisiera tener al menos diez cuartillas de espacio para detallar, artículo por artículo, por qué el proyecto de reformas a la Constitución del gobierno debe ser rechazado por el bien de todos en el largo plazo. Nuestro presente contrato social, para llegar a ser verdaderamente una Constitución Republicana, necesita ser modificado. Pero no cualquier cambio nos va a permitir vivir dentro de un Estado de Derecho que nos proteja de los abusos de los gobernantes, de los delincuentes y de los criminales. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día 02 de junio 2012.