El costo de la autogestión

PEDRO TRUJILLO
Soy partidario de la descentralización política y administrativa. Me gustaría ver muchas ciudades, municipios o departamentos que fueran autónomos, compitieran entre ellos, y el ciudadano, libremente, pudiera elegir el mejor lugar para vivir, dónde trabajar o abrir su negocio. La competitividad entre administraciones soberanas generaría menor costo político y ofrecería mejor calidad de servicio. Apuesto, en otras palabras, por lo que se ha venido en denominar ciudades libres (free-cities). Por tanto, la propuesta de reforma constitucional en la que se reconocen numerosos idiomas, pluriculturalidad, multilingüismo y multietnicidad, me parece —a priori— con sentido. Falta —como suele ocurrir con propuestas sesgadas— las respuestas a ¿cuánto cuesta? y ¿quién lo paga? Acepto la idea del departamento o municipio que aspiran a tener condiciones específicas organizativas y sociales: idioma propio, enseñanza multilingüe, juzgados en la lengua vernácula, etc. Dicho de otra forma, quienes deseen un modo de vida privativo, peculiar, diferente o propio —da igual el calificativo— simplemente lo pagan de su bolsillo y asumen los costos económicos, sociales, de capital humano y de oportunidad que tal decisión conlleva. Me opongo, sin embargo, a que con dinero público —de todos— se financie tal organización o se cree una suerte de infraestructura compleja y de uso grupal, de ahí que promueva la descentralización administrativo-financiera. Por consiguiente, no se trata de apoyar u oponerse a las reformas constitucionales en favor de tal o cual colectivo, sino de hacer un análisis económico de la aplicación de la norma y quienes deseen sumarse a tal proyecto lo hagan libremente, disfruten sus derechos pero asuman las obligaciones que la medida conlleva. Me temo, sin embargo, que lo que se quiere es conformar una estructura idiomático-social complejísima cuyos costos sean trasladados a quienes no la utilizan o necesitan, y eso vulnera las libertades individuales. El mismo derecho reclamado por ciertos colectivos a organizarse en función de sus necesidades, costumbres, hábitos o deseos, tienen otros de hacerlo respecto de los suyos y ninguno debe asumir el costo que representa la decisión del otro. Esta racional pero sencilla reflexión sirve para resolver otros “complejos” problemas de convivencia diaria. Si una colectividad no quiere que se modifique el pénsum magisterial, no hay problema. Los maestros que así estudien impartirán clases únicamente en el espacio geográfico que lo permita y no en el resto del territorio; si no aceptan que una central eléctrica se construya en los límites municipales, ¡perfecto!, no tendrán acceso a la electricidad que allí se produce, y así sucesivamente ¡Eso es democracia! Se trata de que quienes apuesten en una dirección excluyente y exclusiva no deseen cooperar asumiendo ciertos costos o no guarden reciprocidad en obligaciones, reciban en la misma medida las consecuencias de sus aciertos o errores. No hay que sentirse culpable de nada, victimizar a grupos ni cargar con responsabilidades que no corresponden. Pareciera que ciertos manipuladores desean convencer de que hay que romper la observación del Derecho para promover “derechos”, una trampa en la que caer fácilmente que obnubila la razón y el sentido común. Me parece más adecuado que la confrontación, la interminable discusión o la oposición sistemática dejen espacio a la reclamada autodeterminación, descentralización o gobierno autónomo, lo que obligará—una vez el grupo asuma los gastos de tales exigencias— a reflexionar y dejar de actuar visceral e irracionalmente ¿Están dispuestos al reto o lo que realmente quieren es bochinchear y que los demás paguemos ciertos despropósitos? Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 17 de julio 2012.