La “consulta” popular

PEDRO TRUJILLO
Al menos en cuatro ocasiones pregunté -en otros tantos foros- si alguno de los allí presentes presenció o tenía documentada una consulta de esas que dicen hacerse al amparo del convenio 169 de la OIT. En todos los casos la respuesta fue negativa. Se habla —en exceso— sobre la “consulta popular indígena”, pero pareciera que pocos pueden hacerlo con propiedad porque desconocen cómo se desarrolla el evento. Tengo la suerte de tener documentadas algunas y es por ello que me permito abordar la discusión. Lo primero por decir es que esas consultas no se parecen a lo que el imaginario social podría configurar como un referéndum. No es secreto, más bien público. Delante de la comunidad se hace cola frente a las mesas del “sí” o del “no”, con lo de cohibición y coacción de la libertad que conlleva tal situación; hay mítines previos y/o posteriores —o durante— el acto, conductas que direccionan el voto e intimidan; discursos de “líderes” que promueven la decisión interesada de los organizadores; no hay censo constatado ni supervisado, sino que cualquiera puede votar; se falsifican nombres, firmas y otra forma de identificación personal (tengo el documento); activistas interesados colocan en fila a las personas, separando —en ocasiones— hombres de mujeres, aunque luego se quejan de discriminación, machismo o racimo; banderas partidarias apoyan el evento, y un larguísimo etcétera observable cuando se analizan esas “consultas” que no reflejan la libertad de una comunidad para expresar una posición, mas bien es el resultado de la manipulación y el dirigismo de ciertos bochincheros asociados al crimen organizado, a ideologías trasnochadas o a los pagados de costumbre por ayuda internacional. En resumen, el procedimiento de consulta en comunidades indígenas es un puro fiasco que, además de no ser vinculante, tampoco guarda parámetros mínimos de transparencia, seriedad ni participación popular. Nos dieron atol con el dedo, porque así interesa a quienes negocian con ello al recibir sustanciales cantidades por resultados obtenidos. El convenio 169 expresa en el primer literal de uno de los artículos que aborda el tema, que las consultas se deberán de hacer “en particular a través de sus instituciones representativas”, que es precisamente lo que no desean esos manipuladores porque aquellas sí fueron elegidas democráticamente mediante voto secreto y representan el sentir de la mayoría, lo que anularía sus viciados propósitos de cambiar una situación legal y legítima. Muchos de los defensores son golpistas técnicos, quejumbrosos de todo lo que las leyes mandan o la mayoría decide apegada a los procedimientos vigentes y despreciativos cuando hay sentencias en su contra, promoviendo la vulneración de normas y el irrespeto a las instituciones, además de atentar contra la libertad del individuo. Exigen cumplir la ley, pero ellos no lo hacen ¿Dónde está la observación internacional en esos “comicios”?, algo que enérgicamente exigen cuando es nacional. Esto no es más que el proceder de los radicales de costumbres incapaces de ganar en las urnas y que necesitan utilizar la trampa, el engaño, la corrupción, la presión o la intimidación como forma de alcanzar los puestos que la voluntad popular —que tanto reclaman— les niega. Aprendieron durante el conflicto y no dejan las malas mañas. Creen tener la razón, pero carecen de legitimidad y de humildad para reconocer que nadie los prefiere —de ahí el magro resultado en elecciones— optando por ejercer la tradicional violencia, mientras son mantenidos por otros que piensan como ellos. ¡Valiente consulta popular “democrática”! Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 10 de julio 2012.