Un oportuno amparo

Ramón Parellada
El pasado lunes 6 de agosto, un grupo de ciudadanos presentó ante la Corte de Constitucionalidad un amparo contra el Congreso de la República de Guatemala y contra la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de ese organismo. El motivo es que el pleno conozca las iniciativas de propuesta de reforma constitucional que están pendientes en el Congreso, iniciativas que ya suman siete y que están engavetadas o, como me gusta llamarle, están en el Limbo. De acuerdo con la Constitución, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora de conocer cada propuesta de cambio a la Constitución que sea debidamente presentada. A juicio de quienes presentaron el amparo y también pienso lo mismo, el Congreso no las ha conocido en pleno, las ha engavetado y eso va contra la ley. Se solicita en el amparo que se conozcan en el orden cronológico en que se presentaron basándose en el precepto legal “Primero en tiempo, primero en derecho”. Al momento hay siete iniciativas pendientes de conocer y diría yo de resolver. Entiendo que cada iniciativa debe ser conocida a fondo por todos los diputados, ampliamente discutida y luego debe votarse si pasa a consulta o no. Si la mayoría de dos terceras partes del total de diputados decide que sí debe pasar a consulta popular, entonces debe hacerse siempre y cuando no se estén reformando los artículos no reformables por este método. Si no, entonces ahí muere la propuesta. Vendrán otras. El asunto es que no se puede dejar a los ciudadanos que hicieron alguna propuesta sin una respuesta clara del Congreso. Hacerlo como es el caso actual, al menos así lo percibo y lo explicaron bien quienes presentaron el amparo, es una violación al pleno goce de los derechos que la misma Constitución garantiza en cuanto a seguridad y certeza jurídicas, al debido proceso, a la legalidad de la función pública y al cumplimiento efectivo por las autoridades impugnadas del juramento a la fidelidad a la Constitución. Aunque parezca mentira, la primera propuesta pendiente se presentó en el año 2007. Es la No. 3727 y fue respaldada por 6,480 ciudadanos. Luego sigue la de ProReforma (que en lo personal es la que he promovido desde su inicio) identificada como la No. 4028 y que fue respaldada por 73,193 ciudadanos en el año 2009. Le sigue la No. 4031, presentada por 10 diputados. Le sigue una presentada en el 2010 por parte de la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, aunque ignoro si fueron 10 diputados quienes la avalaron o quién fue. Después viene la que presentó el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto, en 2011. La sexta iniciativa es la presentada por Asíes-Usac-URL, por 10 diputados en 2011. La más reciente y última se presentó en junio de este año por 10 diputados. Sea como sea, el asunto es de legalidad. Se debe conocer cada una de las propuestas en el orden presentado y votar, cosa que hasta el momento no han hecho los diputados y por eso las iniciativas de reforma constitucional siguen empantanadas. Este amparo es muy oportuno y viene al caso, pues el gobierno de Otto Pérez Molina está proponiendo una reforma constitucional. Si se concede el amparo a favor de los ponentes, tendrá que ser la octava propuesta en conocerse. Primero se deben conocer las siete anteriores en el orden en que se presentaron. Creo que este ejercicio es muy sano para la institucionalidad del país y la reconstrucción de ese Estado de Derecho que tanto anhelamos. ¿Qué pasaría si una iniciativa pasa con la mayoría de dos terceras partes del total de los diputados? Pues deberá someterse a consulta popular. De lo contrario, será un caso legalmente cerrado. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 9 de agosto 2012.