¿Ciega o embarrada?

PEDRO TRUJILLO
La semana pasada un tribunal compuesto por tres magistrados absolvió, por unanimidad, a ocho pandilleros señalados de diversos delitos. El tribunal consideró que las pruebas aportadas por el MP no eran concluyentes para condenar a los imputados. No es la primera vez que se observa la incapacidad del MP en materia de investigación. Recordemos que el expresidente Portillo fue absuelto por mayoría de dos de las juezas que argumentaron de la misma forma: no había pruebas suficientes y cuando se solicitaron, no fueron aportadas. A este dispendio de justicia hay que sumar casos como la encarcelación y posterior absolución del señor Giammattei; la declinación de continuar la persecución penal por parte del MP al señor Vielmann —admitiendo la imposibilidad de hacer justicia—; la permanencia en prisión y sin juicio por más de dos años de los hermanos Paiz Valdés y la denuncia a la fiscal general por presión y obstrucción por una fiscal de Huehuetenango, entre muchos otros. Respecto del sistema judicial hemos visto a la Corte Suprema trasladar extemporáneamente a jueces que aparecen con tacha, aunque cuando fueron nombrados ya las tenían; magistrados señalados por el sindicato del OJ de realizar presiones; denuncia de jueces por coacción de sus superiores y otros temas “menores” relacionados con renta de edificios donde algún “digno” magistrado parece haber metido las manos. Hay quienes estiman que el problema está en los jueces que son presionados, comprados o intimidados. Otros consideran que es una deficiencia manifiesta y continuada del MP que no investiga adecuadamente, y todos son conscientes de que tanto en uno como en otro lado se mete la mano según convenga a los intereses de quienes proponen, pagan o presionan. Al final de esta estéril discusión pierde siempre el ciudadano, que además paga con sus impuestos un sistema manifiestamente inservible a todas luces. No se conocen sanciones contundentes en el MP por ineptitud al realizar investigaciones ni en el OJ por sentencias de dudosa imparcialidad. Esas situaciones, en las que dos partes (MP y OJ) son claras protagonistas, aconsejan hacer un alto y ver quién realmente las provoca y es culpable de estimular esa sensación de inseguridad al no llevar a buen término los juicios emprendidos, posiblemente en forma precipitada y poco precisa en los detalles y seguramente también con un cierto grado de responsabilidad en quienes no aprecian ciertas pruebas. De no detenernos, seguiremos como a la fecha, y lo único que se alienta es que el sistema siga sin funcionar y consecuentemente la toma de justicia por mano propia —linchamientos o ajusticiamientos— sea la salida natural a todos estos actos infames, con la correspondiente incidencia negativa en las inversiones y en el desarrollo. Se pone atención, generalmente, en el poder ejecutivo o en el legislativo, sin apreciar que muchas dictaduras del mundo sobrevivieron porque el sistema judicial más o menos funcionaba o era percibido como dador de respuesta a una parte sustancial de la ciudadanía. Un país se resquebraja o fracasa cuando el sistema judicial se desmorona. Ejemplos sobran: Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y, más recientemente, El Salvador. Hay suficientes casos para aprender, aunque no hace falta mirar a otros para darnos cuenta de que estamos muy mal. Los responsables deben ser cesados, cambiados, procesados y siempre sujetos de fiscalización y rendición de cuentas. Nos distraen con lo que dice Forbes y la solicitud de prórroga de la Cicig, pero los asuntos de fondo parecen no importar mucho ¡Seguimos, con más de lo mismo Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 12 de septiembre de 2012.